Duplicar la vida útil de móviles y portátiles en España evitaría emisiones de CO₂ equivalentes a las que generan 17.000 coches en un año
La vida útil de un móvil en España es de tres años y medio. El de un portátil, de seis. Si se duplicaran, la atmósfera se ahorraría el impacto de 28 millones de toneladas de dióxido de carbono: el equivalente a lo que emiten 17.000 coches en un año. Así lo calcula el informe “Alargascencia: beneficios ambientales de alargar la vida útil de teléfonos móviles y portátiles en España”, elaborado por la organización ecologista Amigos de la Tierra junto al Instituto de Energía y Eficiencia de los Recursos de la Universidad de Zaragoza, y publicado el pasado día 28 de Noviembre, víspera del “Black Friday”.
Sumado a la reducción de los gases de efecto invernadero, el estudio subraya que un modelo de producción basado en la alargascencia —prolongar la vida de los objetos de consumo— y no en la obsolescencia, tendría, a su vez, un impacto positivo en el ahorro de energía y en la reducción de la minería. A cada año de vida útil añadido a un móvil, el consumo energético entre 2024 y 2040 se reduciría en 1.389 GWh, lo mismo que consume una ciudad como Zaragoza en un año.
El informe también plantea un escenario ideal en el que no solo se alargue el funcionamiento de los dispositivos nuevos, sino el de los que ya se encuentran en circulación. En ese contexto, la reducción de consumo de litio aumentaría casi en un 20% y la del cobalto un 16% aproximadamente.
Pero el impacto ecológico es mucho mayor si se toma en consideración todos los demás minerales necesarios para la producción de estos dispositivos. La placa electrónica de un móvil contiene casi la mitad de los elementos de la tabla periódica. Esto hace que las baterías sean productos altamente contaminantes, sobre todo en las regiones donde se extraen los metales. El magnesio que se ahorraría si se prolongase en un año la vida útil de los móviles españoles equivale al que necesitan casi 15 molinos de energía eólica con los que se abastece a 20.000 familias con energía limpia.
Los autores del informe subrayan la importancia de desarrollar un cambio de modelo productivo que permita “ahorrar minerales escasos y necesarios para cubrir otras necesidades relacionadas con el fin de los combustibles fósiles”. Y apuntan contra la obsolescencia programada. Una de las herramientas que consideran útiles para desarrollar este modelo es a través de la penalización, y citan el ejemplo francés, donde desde 2015 se “penaliza esta práctica con hasta dos años de prisión y multas de 300.000” euros.